TV

14 de abril

Aquellos años maravillosos

(PRESENTACION) Hace unos años.




(NUDO) Poco después.




(DESENLACE) En la actualidad.




(MAKING OFF)

Por último, en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación.

Extracto de la sentencia del caso Egunkaria.

Esto es político

Más de 4 millones de parados y la banca dando cera, y por fin tenemos a (los gefes de) los sindicatos movilizados. ¿La causa? Pues la ley, que es muy quisquillosa y no deja de recordarnos que cuando Franco dijo aquello de que todo quedaba atado y bien atado no estaba fanfarroneando. Nos guste o no, tenemos un cargo, el de Jefe de Estado, que no es elegible, que no es renovable periódicamente y además es hereditario. Y nos guste o no, Garzón está donde está por una posible vulneración a sabiendas de la ley. Desde luego que hay otras razones, pero esas razones en Derecho no cuentan, y desde luego así debe seguir siendo. No acabo de salir de mi asombro. Ahí teníamos a Pedro Almodorbar preocupado por la ofensiva franquista, mientras exige a Cuba apertura occidental. No es mi intención defender la dictadura cubana, pero esta ofensiva es una minucia en relación a lo que viene soportando aquella isla en todos los ordenes. Y qué decir de la señora Bardén, diciéndole a Willy Toledo: tú mismo. Y dejándole ser devorado por los escualos, de aleta izquierda o derecha. Que bonito es decir no a la guerra en los Goya; que bonito apostar por Baltasar hoy, bien protegido; qué bonito recibir un Oscar pidiendo por una legalidad internacional que la mayoría de yankis daba por hecha; que bonito participar en filmes del Che. Pero señores, lo que llamamos poder judicial, plagado de reaccionarios, no es el problema. De hecho sus funcionarios están muy cómodos cumpliendo bien sus obligaciones. El problema es político, el problema es del legislativo, el problema es del talante bonachón y concilidador, el problema es que toda esa gente que pide justicia tiene que pedir leyes, y esas las hace el legislativo.

Sobre inquisidores

Hará un mes que la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, doña Gabriela Bravo, hizo una declaración institucional en la que instaba a los políticos a respetar la función de los jueces advirtiendo que algunas de sus declaraciones podían tener un “inmerecido efecto deslegitimador” sobre un poder básico para el Estado de Derecho como es el Poder Judicial. Se refería fundamentalmente al presidente del Gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, quien en una muestra más de talante conciliador tiró del argumentario de la derecha utilizando el terrorismo etarra para subrayar la valentía del juez Garzón a la hora de enfrentarse con esta lacra, pero dejando claro que su respeto por la acción de la justicia es absoluto. De este modo el presidente de Equidistan quedó de perlas ante una sociedad mayoritariamente progresista que no tiene otro remedio que votarle y, como no podía ser de otra manera, ante un Poder como el Judicial que no tiene el mínimo reparo en manifestar, pero éste formal e institucionalmente y no a título personal, que los políticos, representantes de la ciudadanía, se callen la bocaza y respeten la división de poderes. Es evidente que para el CGPJ los ciudadanos somos estúpidos, o ignorantes, quizá debido a ese déficit en educación cívica que con tanto ahínco trata de hacer crónico nuestra derecha. Porque la división de poderes no consiste en que cada cual se ocupe de sus asuntos cerrando las puertas a cal y canto, sino en que cada poder controle los asuntos de los otros para garantizar que sus actos se ajustan a sus funciones. Y tengo para mí que la función del Poder Judicial no es la de juzgar a los inocentes y exculpar a los culpables (o para exculpar a los culpable).

Como señala Carlos Jiménez Villarejo en un magnífico artículo publicado en El Periódico, según el Tribunal Supremo, si se está en el ámbito del derecho, ”donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas en la interpretación del derecho, la elección de una u otra de estas interpretaciones posibles (...) no dará lugar a una acción prevaricadora”. El ponente es don Luciano Varela, instructor de la causa contra Garzón, que contradiciéndose a sí mismo le acusa de una conducta sujeta a varias interpretaciones, como demuestra el hecho de que no es la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que le acusa, o el hecho de que ninguno de los diecisiete miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ni el Consejo General hayan visto evidencias de prevaricación cuando supieron de la actuación del juez. Vamos, que sólo las vieron 3 grupos permanentemente preocupados por el correcto funcionamiento del Estado Democrático de Derecho: Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e Identidad. Estos tres grupos iluminaron el camino a la verdad al señor Luciano Varela y a los magistrados del Tribunal Supremo, que en una muestra de fiel compañerismo no van a dejarle sólo el día en que todos los tribunales y facultades de derecho del mundo democrático pongan su vista sobre España (y sobre ellos particularmente) y la señalen con el dedo abochornados; el día en que Baltasar Garzón, el hombre que trató de juzgar los crímenes de las dictaduras chilenas y argentinas, se siente en el banquillo de los acusados por tratar de hacer lo propio en su país. Pero también el día en que los otros tribunales y facultades, aquellos que están en manos de dictaduras o en periodos de transición, tomen nota para aplicar en sus estados lo que en España se hizo para que los crímenes de Estado quedaran en las cunetas o en el recuerdo efímero de familiares desamparados.

Luciano Varela, ese hombre... El señor magistrado del Tribunal Supremo achaca a su colega el juez de la Audiencia Nacional don Baltasar Garzón una “ignorancia inexcusable” acerca de la Ley de Amnistía. La Ley de Amnistía, entre otras cosas, dice (la negrita es mía):

  I. Quedan amnistiados:

   a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.

  b. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

  c. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Bien, lo contemplado en el párrafo anterior del punto c, añadido al propio punto c, vendría a decir algo como que quedan exentos de toda culpa:

Todos los actos (de intencionalidad política) cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Desgraciada y decididamente, en este punto el señor Varela lleva razón. Las intencionalidades políticas que no tengan como objetivo restablecer las libertades públicas o reivindicar la autonomía de los pueblos, es decir, aquellas que conllevan la criminal represión ejercida por el franquismo, pueden suponer violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Además, para el señor Varela los crímenes, esa violencia grave contra la vida por la que solo al franquismo le es lícito ser amnistiado, han prescrito. Sí, esta es la maravillosa transición que nos relató la Prego. Sin embargo, como alega Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado defensor de Garzón, ¿se puede considerar que el rapto de niños o la desaparición forzosa de decenas de millares de personas es un delito político o es un delito contra la humanidad? Porque los delitos contra la humanidad no prescriben, y si Garzón no incurrió en prevaricación cuando llevó causas contra otras dictaduras ateniéndose a la legislación internacional al respecto, es extraño considerar que pueda estar incurriendo ahora, cuando a todas luces la ley de amnistía versa sobre actos de intencionalidad política y no sobre delitos contra la humanidad.

Dice también el señor Varela, que darle la razón al acusado significaría asumir que estamos “ante una conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del ministerio fiscal” por no haber actuado antes. Bueno, no exactamente. Cuando Gazón decidió investigar estos crímenes la fiscalía se opuso, del mismo modo que ahora lo hace a que se le investigue por supuestamente prevaricar, ya que la fiscalía tiene pleno derecho a considerar si unos hechos son o no constitutivos de delito. El problema, por tanto, no es de Garzón viendo indicios de delito e iniciando una investigación, sino del propio sistema, que permite a un juez investigar unos hechos sin una denuncia previa del fiscal, que perfectamente puede no ver delito por ninguna parte. Se podría juzgar al propio magistrado Varela, bajo sus mismos criterios, por no apreciar actos de prevaricación cuando Garzón pidió la detención del dictador Augusto Pinochet. O incluso podríamos poner en duda su objetividad y capacidad para dar una sentencia justa en este caso, pues si declara inocente al acusado, él mismo estaría declarándose, siempre bajo su estúpido criterio, prevaricador. De hecho es la tesis del individuo: o es Garzón el que prevarica, o somos todos los demás. Es lo que tiene una acusación que no permite género de dudas en un asunto tan delicado.

Desde luego, pase lo que pase, se van a levantar muchas ampollas. Y pasar, va a pasar que van a quitar de en medio a Baltasar Garzón, porque a todo el mundo parecen perseguirles los fantasmas del franquismo. Algún día, que espero no muy lejano, los textos de la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas firmados por España obligarán al Estado a formular leyes que castiguen dichas desapariciones. La definición de desaparición forzada consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. El argumento de que esta ley no puede tener carácter retroactivo es inválido, en cuanto que el crimen de desaparición forzada que se describe es un crimen contra la humanidad. Pero para que el Estado tenga la obligación de incorporar en el código penal estas leyes es necesaria la política, y es ahí donde entra ZP, el de ni contigo ni sin tí, el de te odio porque te quiero. Y yo no es por ponerle nervioso cuando esta noche se pase por Muelas de Molino, pero me da que no pocas organizaciones, de las de buena pero pisoteada memoria, se van a lanzar en masa a preguntar por sus desaparecidos y por los que les hicieron desaparecer. Claro, que tampoco hace falta esperar a la ratificación. Si el Legislativo y el Ejecutivo fueran mínimamente conscientes del inmenso daño que el Tribunal Supremo le está haciendo a la democracia, a lo mejor consideraban la posibilidad de hacerle ver que está plantando en tierra seca, y que más pronto que tarde la investigación de las desapariciones se va a reanudar y dejará a mucha gente con las vergüenzas de cara a la galería y que habrá, como no puede ser de otra manera, responsabilidades por los crímenes contra la humanidad cometidos en España durante el franquismo. O eso, o la transición es algo que nunca existió.

Sin complejos

Exigir que mis derechos sean
obligaciones para el resto.




Pensar que los derechos de los demás son mis
obligaciones.


Luchar por proteger la desmemoria.




Saber que se protegen mis vergüenzas.


Defender instituciones vergonzosas.




Echarle un capote a tradiciones primitivas.


Salvaguardar los privilegios de unos pocos.




Promover necesidad entre los muchos.


Hacerse un huequecito entre la historia.




Apuntar al corazón del sufrimiento.


Saber que España es nuestra.



 
Y decir bien alto y sin complejo:

¡SI, SOMOS FACHAS, Y QUÉ!

Un mundo sin barreras

Que digo yo, que eso de que las multinacionales y los estados recaben información sobre los ciudadanos no está tan mal. Reconozcámoslo, en relación a las multinacionales, a todos nos encanta, por poner un ejemplo, que Google muestre búsquedas basadas en el perfil que de nosotros va creando de requerimientos anteriores. Así, cuando los directores de diarios como El País, El Mundo, ABC y La Razón escriben en el campo de búsqueda “derechos humanos en latinoamérica”, les aparecen 10.635.412 coincidencias sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Bolivia, mientras que si cualquiera de nosotros busca por  “derechos humanos en latinoamérica”, nos aparecen 10.635.412 reseñas de dichos diarios acerca de su violación sistemática en los citados países,  24 coincidencias que direccionan a  rebelion.org, y otras 12 a blogs particulares que confirman que en Colombia o los EE.UU los diferentes poderes compiten por demostrar quién es el que más derechos humanos pisotea. Nada como el derecho a una información plural y veraz. Y en relación a los estados, pues ahí tenemos a los USA, protegiendo a sus ciudadanos, que son presuntos terroristas hasta que se demuestre lo contrario y son susceptibles de seguimiento tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por subcontratas privadas. O la UE y su Tratado de Lisboa que no es, repito, NO ES, la Constitución Europea contra la que votaron Franceses y Holandeses, aunque sea casi el mismo texto, en la que los Derechos Fundamentales de la Carta de Niza quedan relegados a la interpretación que de ellos haga cada socio, o directamente no son aplicables a repúblicas como la checa. O España, que ha eliminado la necesidad por parte de las empresas de seguridad privada de rendir cuentas ante el Ministerio del Interior, con el noble fin de prevenir burocracia y mangoneo estatal, dicen. Por tanto, no seamos incivilizados y aceptemos que si no tenemos nada que ocultar, no tenemos por qué temer llenar de datos personales nuestro perfil en Facebook ni temer que la empresa de seguridad privada del señor Mayor Oreja, pongamos por caso, instale cámaras en nuestras ciudades por nuestro bien.

Es evidente que la natural tendencia que tenemos los ciudadanos a putearnos entre nosotros hace palmaria la necesidad de ser vigilados. Como premio extra, la publicidad se adaptará  más a nuestros gustos y por supuesto seremos mejor protegidos de posibles delitos o ataques terroristas. Hasta ahí todo correcto. Pero en justicia, también a la otra parte le correspondería poner algo de su parte, valga la redundancia, aceptando y siguiendo su propio argumentario. Con estas, propongo:

· Que se instalen cámaras de seguridad en los consejos de administración de los bancos con el único propósito de que los ciudadanos sepamos qué hacen con el dinero que depositamos en sus cajas.

· Que se instalen cámaras de seguridad en las redacciones de los periódicos con el fin de evitar interese particulares a la hora de “fabricar” la noticia y proteger con ello el derecho constitucional a una información veraz... acerca de la libertad de prensa.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los centros de decisión de las multinacionales petrolíferas para que los vaivenes del precio del carburante no nos pille por sorpresa.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los despachos de los Bancos Centrales para que podamos aprender un poco de técnica económica despolitizada y neutral.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los colegios concertados religiosos (...).

· Que se instalen cámaras de seguridad psico-especiales en los aposentos de Su Santidad el Papa para que por fin podamos escuchar sus conversaciones con Dios.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los despachos de la OTAN para conocer al detalle los progresos en la pacificación del mundo.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los mentideros del Foro de Davos para estar informados de qué es lo que más nos conviene.

· Que se instalen cámaras de seguridad en las reuniones del G8 para ver qué se cotillea acerca de los países que van del G9 para alante.

· Que se instalen cámaras de seguridad en las casas de los directivos de las multinacionales que esquilman los recursos del planeta, para ver de qué hablan con sus hijos.

· Que se instalen cámaras de seguridad en todos los paraísos fiscales, hasta en los que ya no son paraísos fiscales, para que nos hagamos una idea del más allá.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los Consejos de Ministros para hacer la democracia, si no más participativa, sí más transparente.

· Que se haga un seguimiento con cámaras de seguridad a los responsables de la industria de la música, desde la composición del disco y la grabación, pasando por los making off de los videoclips y la promoción, hasta llegar a los precios por entrada a los conciertos, el coste de las giras y el sueldo de esos genios que son los artistas, para ver si nuestro dinero  y la renuncia a algunos derechos promueve la cultura o mantiene una industria.

· Que se instalen cámaras de seguridad en las Sociedades de Gestion de Derechos de Autor con el fin de poder controlar en qué se gastan nuestros impuestos y observar si en sus comedores se sirve cocina plagiada del programa de Arguiñano.

· Que se instalen cámaras de seguridad en los despachos de los jueces, para que conozcamos de quienes son más que amigos.

· Que se instalen cámaras de seguridad en Bolivia, Cuba y Venezuela, pero privadas, para que se jodan.

Todas estas estructuras, sean públicas o privadas, no deberían temer desnudarse ante la opinión pública. ¡Fuera los secretos! Si nada malo hacen, nada malo teman. Si queremos un mundo sin barreras, ¡qué mejor que tener la posibilidad de saberlo todo de todos! Si no fuera por todo lo demás, estaría dispuesto a ponerme ahora mismo a colocar cámaras por doquier.